Mónica Sánchez de la Nieta. Sindicato ANPE
En los últimos cuarenta años se han sucedido un devenir de leyes educativas, se dice que «cambio de gobierno, cambio de ley educativa’, lo cual ha proporcionado una gran falta de estabilidad en nuestro sistema educativo.
ANPE ya advirtió que nuestro sistema educativo necesitaba una reforma profunda y definitiva para cubrir las carencias detectadas y alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020 en el ámbito educativo. La LOMCE nació sin consenso político y social, en un escenario lleno de recortes por culpa de la crisis económica nacional e internacional.
Actualmente, la situación política española nos proyecta un panorama complejo en el ámbito educativo debido a las iniciativas parlamentarias para paralizar y derogar la LOMCE en el Congreso y el compromiso del Gobierno de suspender las reválidas y dejar sin efecto las medidas pendientes de aplicación de la LOMCE.
Para salir de esta situación crítica es imprescindible un Acuerdo o Pacto de Estado entre los principales partidos políticos y los demás agentes sociales de la comunidad educativa que sienten las bases de esa futura ley de educación.
Los primeros pasos se han iniciado y a finales de 2016 se acuerda la creación de una subcomisión para la elaboración
de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación en el Congreso de los Diputados, encargada de redactar
un documento que sirva al Gobierno para legislar una futura ley educativa fruto del consenso.
La Subcomisión ha comenzado su funcionamiento, donde los grupos parlamentarios tienen por delante el reto de
alcanzar el primer pacto nacional en materia de Educación. Para ello, tienen un plazo de seis meses para elaborar un informe que sirva de base para que un proyecto de Ley Básica de Educación sustituya a la más polémica y cuestionada LOMCE.
La subcomisión tiene un plazo de seis meses para elaborar un informe que sirva de base para que un proyecto de Ley Básica de Educación sustituya a la más polémica LOMCE
Para alcanzar este Pacto Educativo debemos partir del artículo 27 de la Constitución que establece el derecho fundamental a la Educación y nos permita conseguir una educación de calidad buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno.
Los principales aspectos que debe recoger son:
• Un cambio de modelo educativo basado en la valoración del conocimiento, la adquisición de competencias, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo.
• Priorizar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo porque es la única que llega a todos los rincones, atiende a todos los alumnos, cualquiera que sea su situación, y es por ello, garante de la cohesión social y del principio de igualdad de oportunidades.
• Debe existir un compromiso económico entre los partidos políticos y entre el Estado y las comunidades autónomas
mediante una ley de financiación.
• La elaboración de un Estatuto Docente que contemple un nuevo modelo de formación inicial, una nueva selección
del profesorado y el desarrollo de la carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación.
• Aprobación de un plan Nacional de Mejora de la Convivencia en los centros educativos, así como el desarrollo reglamentario en todas las comunidades autónomas de la Ley de autoridad pública del profesorado.
Para ANPE, este pacto es un instrumento necesario para cambiar y mejorar nuestro sistema educativo y a conseguirlo dedicaremos todo nuestro esfuerzo. En cualquier caso, todas estas medidas deberán ser abordadas con generosidad y sin prejuicios ideológicos si verdaderamente creemos que la educación es la clave del futuro social y económico de un país.
Sin embargo, el camino para este pacto está lleno de piedras y obstáculos debido a que parte de la comunidad educativa está realizando un rechazo constante hacia este consenso político. De hecho, el pasado 9 de marzo se celebró una huelga promovida desde la plataforma Estatal por la Escuela Pública que la integran algunos sindicatos, asociaciones de estudiantes y CEAPA con el objetivo de exigir la derogación definitiva de la LOMCE, la reversión de los recortes y exigiendo un pacto social y no solo político. Desde ANPE no secundamos dicha convocatoria de huelga por diversos motivos:
– Dicha huelga rompe la unidad de acción sindical y sólo responde a fines políticos.
– Es un tiempo de diálogo y de pacto.
– Derogar una ley contribuiría a añadir más incertidumbre.
Tenemos un escenario abierto al diálogo y a la interlocución a varios niveles, no tiene sentido una convocatoria de
huelga hasta que no veamos el resultado de todo el proceso.
No obstante, ANPE será exigente con este Gobierno para que no se repita lo sucedido en la elaboración, gestión y desarrollo de la última reforma educativa.
Para ANPE, este pacto debe conducir a tres objetivos esenciales: recuperar el sentido etimológico de educar frente al
más limitado de enseñar, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todos los alumnos y revalorizar la profesión docente.
