Blanca Esteban Luna / Seguridad Alimentaria (Asociación de Celíacos y
Sensibles al Gluten)
Las ayudas económicas destinadas a la compra de productos sin gluten han sido, hasta ahora, una asignatura pendiente en España. Mientras que en la mayoría de los países europeos existen mecanismos de apoyo financiero o subvenciones públicas para compensar el elevado precio de estos productos, en nuestro país (salvo en algunos municipios y provincias) las familias con personas celíacas han tenido que asumir, hasta ahora, ese sobrecoste de forma íntegra.
El 21 de octubre, el Congreso de los Diputados dio un paso importante al aprobar la tramitación de la Proposición de Ley de Compensación Económica para Personas Celíacas, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular.
El objetivo de esta iniciativa es aliviar la carga económica que soportan las personas celíacas al tener que seguir una dieta estricta sin gluten de por vida, una necesidad médica y no una elección.
Entre los puntos más destacados del texto se encuentra la creación de un Registro Estatal de Personas con Enfermedad Celíaca, adscrito a la Dirección General de Salud Pública. Este registro permitirá disponer de información epidemiológica actualizada sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad celíaca en España.
Asimismo, la ley contempla la deducción de hasta 600 euros anuales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado de enfermedad celíaca e inscrito en dicho registro.
Aunque la proposición ha sido aprobada por el Congreso, su entrada en vigor no será inmediata: deberá publicarse previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aun así, su aprobación representa un avance histórico en materia de equidad sanitaria y fiscal, y un reconocimiento al esfuerzo diario de miles de familias que conviven con esta enfermedad.
Todos los años nuestra Asociación elabora un estudio de precios en el que se valora el sobrecoste anual que le supone a una persona celíaca seguir una dieta sin gluten. Según este estudio, productos básicos como el pan, la pasta o las harinas pueden costar entre tres y seis veces más que sus equivalentes con gluten, lo que dificulta el acceso a una dieta equilibrada y segura, especialmente para familias con recursos limitados.
En países como Italia o Reino Unido, los sistemas públicos de salud ofrecen subvenciones o vales mensuales para la adquisición de productos sin gluten, mientras que en otros se permiten deducciones fiscales similares a las ahora planteadas en España. Este tipo de políticas no solo reducen la carga económica, sino que promueven una mejor adherencia al tratamiento dietético y, en consecuencia, una mejora en la calidad de vida.
Aunque aún queda camino por recorrer, la tramitación de esta ley marca un antes y un después. Una vez entre en vigor, España se situará más cerca de los estándares europeos en materia de apoyo a las personas celíacas, reforzando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la alimentación y la salud.
