Como decana del Colegio de Procuradores cumplirá un año en enero de 2022, aunque Ana Julia Sanz Tejedor (Ciudad Real, 1961) lleva mucho tiempo dentro de los cargos de la Junta de Gobierno y 35 años en la profesión. Es consciente de los grandes retos de la Procura: mayor visibilidad, más presencia y mayores funciones como operador jurídico esencial que son por ley en la Administración de Justicia. Conozcamos un poco más la labor de estos profesionales, imprescindibles aunque poco conocidos.

“Somos uno de los operadores jurídicos más importantes de la Justicia y nuestro afán es seguir siéndolo”

Pregunta.- ¿Cuándo se creó el Colegio de Procuradores de Ciudad Real y con cuántos miembros cuenta?
Respuesta.- Tenemos constancia fehaciente, por expedientes incoados, de la existencia del Colegio de Procuradores de Ciudad Real desde 1947, aunque sabemos que es muchísimo anterior ya que siempre hemos trabajado a la par que el Colegio de Abogados. En la jurisdicción de Ciudad Real, el Colegio de Procuradores cuenta con 73 colegiados ejercientes actualmente. La provincia de Ciudad Real es de las pocas de España que tiene dos sedes colegiales, una en la capital y otra en Valdepeñas, por la distancia entre poblaciones.

P.- El ciudadano medio no suele diferenciar entre un abogado y un procurador, ¿qué competencias concretas posee vuestra figura que no tiene la de un letrado?
R.- Históricamente, somos uno de los operadores jurídicos más importantes de la Administración de Justicia. Y nuestro afán es seguir siéndolo. En su origen, el Procurador o Procurator procuraba el cliente y el pleito y acudía al abogado para resolver el litigio, pero desde hace mucho tiempo es el abogado o el cliente el que elige a un procurador de confianza.

Nuestras funciones, por ley, son las de presentar demandas y escritos, velar por el cumplimiento de los plazos, tramitar actos de comunicación, realizar las diligencias de embargo en la ejecución de sentencia, las subastas electrónicas -nuestro Consejo General ha creado un portal online-, la vigilancia de que el trámite se efectúe en unos plazos “dignos”, tratamos a diario con los funcionarios para resolver cualquier problema y agilizar el procedimiento hasta su resolución final.

Las nuevas tecnologías han automatizado bastante nuestro trabajo. Antes de las reformas legislativas, con el expediente digital y, sobre todo, con LexNET, sistema de comunicación entre el juzgado y los operadores jurídicos, teníamos una fuerte presencia, pero en los últimos años hacemos una labor más interna de despacho. Últimamente, debido a las medidas impuestas por el Covid-19, nuestra labor diaria de revisión de procedimientos está siendo más difícil por la imposibilidad de acceso a las sedes judiciales. Por ello, como decana del Colegio, estoy en conversaciones con los titulares de estos juzgados en aras a garantizar la presencialidad obligada del procurador.

P.- ¿Cómo os ha perjudicado este hecho?
R.- Lógicamente en muchos aspectos. El primero en el desconocimiento de nuestra figura y nuestro trabajo y, consecuentemente, la falta de valoración que repercute directamente incluso en el abono de nuestras minutas. Para paliar este problema tendremos que hacernos más presentes ante la ciudadanía, tener una relación más directa con el cliente, ser más explícitos con nuestros poderdantes que al fin y al cabo son los que nos otorgan la representación con un poder para actuar ante los juzgados en su nombre; y hacernos cargo de la ejecución de más trámites contemplados en la Ley y así descargar a los juzgados y agilizar el procedimiento.

P.- Hablabas de algunas reformas de leyes que os afectan directamente, ¿cuáles son?
R.- En noviembre se aprobó la nueva ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador; se ha resuelto la ley de sociedades profesionales y están en trámite las nuevas leyes de eficiencia procesal y de digitalización. Algo se ha conseguido pero otras cosas no, tenemos que seguir batallando para cumplir nuestros retos que son una mayor visibilidad, y la consecución de más funciones y trámites del procedimiento.

Con la nueva ley de acceso, el abogado podrá hacer funciones de procurador y viceversa, pero no puede ser de forma simultánea. Si se ejerce como abogado tendrá que estar colegiado en un Colegio de Abogados y si lo hace como Procurador en su Colegio de Procuradores correspondiente. Es positivo porque conllevará una mayor especialización, ya que el nuevo sistema de acceso a ambas profesiones va a obligar, al que se dé de alta como procurador, a que tenga unos conocimientos más asentados a la hora de afrontar un juicio. Sin embargo, nuestro Consejo General está luchando para conseguir que el trámite de ejecución de sentencia lo lleve el procurador; de qué sirve tener una sentencia de 2010 si, por ejemplo, han transcurrido 11 años para ejecutarla.
En resumen, los procuradores somos los representantes procesales del administrado ante los tribunales. Nuestro trabajo diario refrenda el hecho de que somos indispensables, tanto para la Administración de Justicia, el abogado como el cliente que es el beneficiario último y más interesado en la resolución de sus problemas.

P.- ¿Qué otras situaciones suelen producirse en vuestro ejercicio profesional?
R.- Con la ley Omnibús se suprimió la territorialidad en el ejercicio de la profesión, lo que provocó la creación de macrodespachos de procuradores que actuaban en nombre de clientes, como bancos o aseguradoras, en toda España y a unos costes ridículos, lo que ha traído consigo una devaluación de nuestros honorarios sujetos a arancel, y una competencia desleal que nos perjudica seriamente. A mi juicio, es una mala práctica y está ocasionando problemas a colegios pequeños como el nuestro, con una subida de la siniestralidad en el seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, no existe conciliación en nuestra profesión, los plazos corren y excepto el mes de agosto, que es inhábil para una serie de trámites, no tenemos derecho a bajas por enfermedad. Parece que con la nueva ley de eficiencia procesal tendremos tres días de ‘apagón digital’, suspensión de plazos o no asistencia a juicios señalados en caso de enfermedad propia o de familiares directos.

P.-En la provincia, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta un procurador a diario?
R.- El retraso injustificado en la tramitación de un procedimiento que, personalmente, achaco a la falta de medios. Los sistemas informáticos son obsoletos y no se está invirtiendo como es debido. Asimismo, existe un retraso en el dictado de sentencias, hay más de un juzgado con sentencias pendientes desde hace más de dos años. Otro problema reciente es la demora en el señalamiento de juicios, provocado por la pandemia. Por otro lado, las sedes judiciales en la provincia son “antiguas” y están mal distribuidas, como es el caso de los Juzgados de Puertollano. Por último, existe un grave problema por la falta de juzgados dedicados exclusivamente a materias delicadas como son los de Violencia de Género y Mercantil.

P.- ¿Cuánto retraso hay en la actualidad?
R.- Nunca se había visto nada parecido en Ciudad Real. Hay señalamientos de juicios a más de un año vista, incoación de procedimientos para 6 o 7 meses… Con la pandemia se suspendieron muchísimos juicios que desde septiembre de 2020 comenzaron a reubicarse, pero cuando se notificaron esos señalamientos teníamos otros señalados, teniendo que pedir suspensiones y nuevos señalamientos, a lo que se une la agenda de cada juez. El aluvión de demandas por cláusulas suelo ha colapsado tanto a los Juzgados de Instancia como a la Audiencia Provincial, con un retraso en la resolución de procedimientos y recursos de casi dos años.

P.- ¿Necesita mejoras el turno de oficio?
R.- El turno de oficio está muy bien organizado. El problema es de índole crematístico y más en nuestro caso, por un procedimiento cobramos de media 28 euros cuando en uno privado se ganan 100 euros mínimo. Además, el Ministerio ha hecho los pagos últimos con mucho retraso.

Texto y fotos: Oliva Carretero Ruiz